lunes, 27 de septiembre de 2010

Indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua celebran su Día Internacional sin una ley nacional

Los señalamientos contra el Estado continúan porque todavía no se aprueba una ley que reconozca los derechos indígenas sobre la propiedad tal y como ocurre con las comunidades indígenas del Caribe.

Roberto Mairena
El 9 de agosto pasado se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. La ocasión fue una oportunidad para denunciar la invasión y venta de las tierras que heredaron con el fin de la Colonia Española.
Los indígenas llevan seis años en espera de que la Asamblea Nacional apruebe un anteproyecto de ley que garantice el respeto a sus derechos.
El Asesor Legal del Movimiento de los Pueblos Indígenas Rigoberto Mairena dijo que el anteproyecto persigue que el Estado de Nicaragua y las municipalidades reconozcan a los gobiernos indígenas como representantes legítimos de sus comunidades.
“Qué se respete la propiedad comunitaria con sus derechos de imprescriptibilidad, los mecanismos de uso y administración de las tierras a las autoridades indígenas”, expresó Mairena.
Denunció que el territorio indígena ha sido enajenando y usurpado “se ha generando jerarquía registral y se viene socavando el sistema de derecho de propiedad del pueblo indígena”.
Aminadad Rodríguez, Procurador de pueblos indígenas, espera que este año se apruebe el anteproyecto de ley. “Los padres de la patria deben ser los primeros en decir: señores nosotros queremos seguir aportando al desarrollo del país, para no seguir aportando a otros intereses a costa de los pueblos indígenas” agregó.
Según Mairena el derecho internacional dice que el Estado de Nicaragua tiene tres opciones para encontrar una salida al problema de usurpación y enajenamiento de las tierras indígenas.
“La primera es que restituya los territorios al pueblo indígena, la segunda es que reponga las tierras con otras de igual cantidad y calidad y la tercera es la indemnización justa y equitativa a como lo dice una resolución de Naciones Unidas”, explicó.
El anteproyecto de ley apuesta por la tercera opción afirmó. Este es un mecanismo para encontrar una salida al despojamiento de las tierras y que el Estado asegure que los actuales usufructuarios sean quienes paguen a la comunidad indígena a través de un canon de arriendo, apuntó.

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